Con una ocupación actual de 52.490 internos, pero con una capacidad real de 41.741 personas, los recintos penitenciarios del país ya no dan abasto. Y esta cifra solo va a seguir incrementando, ya que la población penal aumentó en niveles de 25% sólo entre enero de 2022 y junio recién pasado según datos de Gendarmería de Chile, patrón se seguirá proyectando en el tiempo, según diversos expertos. Detrás de estas cifras subyace una realidad en la que un número creciente de internos deba vivir en hacinamiento y empeoramiento de sus condiciones, más cuando los niveles de inseguridad que enfrenta el país apunta a que seguirá aumentando la presión sobre la infraestructura carcelaria. “El sistema penitenciario requiere de la implementación de cambios significativos, lo que exige no solo contar con más y mejor infraestructura, sino también avanzar en la adopción de un enfoque más sistémico”, detalló Catalina Binder vicepresidenta del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y abogada de Molina Ríos. A su juicio, es necesario acelerar la implementación de nuevos centros penitenciarios y mejorar los existentes con un sentido de urgencia dadas las necesidades de seguridad y de resguardo de los reclusos a nivel nacional. Para la vicepresidenta del CPI, una de las vías que tiene el Estado para avanzar en la solución de un factor que califica como estructural es volver a impulsar con fuerza el sistema de concesiones para desarrollar la infraestructura penitenciaria, retomando así la estrategia que partió a inicios de los años 2.000. “Las cárceles concesionadas han representado un aporte en la descongestión del sistema penitenciario, una mejora en la infraestructura, y una gestión más eficiente y especializada que el Estado por sí solo no habría podido enfrentar”, destacó la abogada, recalcando que la asociación público-privada es un modelo de inversión del Estado que permite contar con más y mejor infraestructura de distinta naturaleza y magnitud, así como la prestación de servicios muy diversos. A la espera del visto bueno Hoy existen 79 recintos penitenciarios a lo largo del país, de los cuales solo ocho de ellos están bajo el programa de concesiones. Pero si se pone la lupa en esta cifra, el 37% de la población penal se encuentra en estos centros concesionados, según datos de Gendarmería. “Estos números no son lineales con la realidad del país, la saturación de las cárceles es un gran problema que tenemos en este momento. Lo que está ocurriendo ahora es que están sacando a los menos malos de los recintos para que entren los más malos. Hay que aumentar la capacidad de las cárceles, y para eso el Estado necesita la ayuda de los privados”, destacó Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa). El presidente gremial señaló que la industria está absolutamente disponible para ayudar al Estado como socio, destacando que es necesario volver a “impulsar con fuerza” el sistema de cárceles concesionadas, para así ayudar a combatir la lucha por la delincuencia. En la misma línea, Daneri señaló que levantar cárceles de cero podría ser una ayuda para largo plazo, en el fondo lo que el país necesita es una solución hoy, por lo que cree que la ampliación de ciertos recintos podría ser la respuesta que muchos han estado buscando. “Hay mecanismos para hacerlo, el Ministerio de Obras Públicas sabe cómo llevar a cabo esto y el mundo privado está interesado en ayudar. Solo estamos a la espera de que el ministerio de Justicia de el visto bueno, dándole el sentido de urgencia que esta situación necesita”, señaló Daneri. Trabajo conjunto entre ministerios Consultados sobre el panorama penitenciario que está viviendo el país, y un posible “impulso” a los programas concesionados, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló que actualmente se está desarrollando todo el plan de infraestructura penitenciaria con la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y con la ministra de esa cartera, Jéssica López. “En el marco de este plan fue posible inaugurar, en agosto pasado, la ampliación de El Manzano en la región de Biobío y en los próximos meses se implementará La Laguna, en la región del Maule”, indicaron desde la cartera que lidera el ministro Luis Cordero. Fuente: Diario Financiero